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ANDREA AMARILLO

Andrea Amarillo (1979)
nació en Buenos Aires, en 1979. En 1998 ingresó a
la carrera de filosofía en la UBA. A los 21 años,
suspendió sus estudios para viajar a París. En
Francia, siguió cursos de francés en la Sorbonne y
trabajó como correctora de estilo de español e
investigadora para una organización
intergubernamental.
Volvió a Buenos Aires y poco
después viajó a México, donde permaneció por un
lapso de dos años. Allí, a los 23 años, realizó
investigaciones para uno de los periodistas más
renombrados de México, Jorge Fernández Menéndez
(actual director del Diario Excelsior) y coordinó
las publicaciones de la Editorial Rayuela. También
se desempeñó como periodista y editora del
suplemento de cultura y espectáculos de un diario
estatal.
En el 2004 volvió a Argentina para
concluir sus estudios de filosofía. Desde entonces
trabaja en la oficina de publicaciones del Centro
de Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la
UBA, coordina cursos de francés en institutos
privados y es periodista free lance.
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LA UNIVERSIDAD BAJO EL IMPERIO DEL GARROTE |
La noche del 29 de julio de 1966 la Guardia de
Infantería intervenía varias facultades reprimiendo a
estudiantes y profesores con gases lacrimógenos y
bastonazos: Onganía lanzaba el “Operativo escar-miento”
que enseñaría a los universitarios a dejar de pensar
autó-
nomamente.
Notas relacionadas:
Un
vertiginoso clima de transformación
El dato duro (o el duro dato) del
vaciamiento
La vida académica estaba convulsionada en todos sus
estratos. El 29 de julio de 1966, la dictadura de
Onganía, no conforme con disolver el Congreso,
intervenir las provincias, destituir a la Corte
Suprema y expropiar los bienes de los partidos
políticos, arremetía contra el último bastión de
resistencia democrática a su régimen: las
universidades. Aquel día se había promulgado la ley
16.912. El ultimátum era
claro: en el lapso de 48 horas, tanto rectores como
decanos debían subsumirse al Ministerio de Educación,
disolviendo el cogobierno (estudiantes, profesores,
graduados) y la autonomía, ganados a pulmón con la
reforma del ‘18.
Con este motivo, el rector y los decanos de las
diferentes facultades de la Universidad de Buenos
Aires estaban reunidos en Ciencias Exactas para
consensual el repudio a la medida impuesta. Las
facultades de Arquitectura,
Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Ingeniería,
Medicina y la sede del Rectorado estaban
tomados como medida de protesta, y mantenían sus
puertas cerradas, mientras se daban las discusiones
acerca de qué hacer.
Cerca de las 23 horas, estallidos, gritos, gases
lacrimógenos y bastones largos irrumpían en la sala de
debate, para imponer por la fuerza la medida. Son
conocidos los “trencitos chinos”, los malos tratos y
la particular saña con que los gendarmes
“escarmentaban” a estos “anti-patria” y limpiaban las
universidades, consideradas “reservorios del
comunismo”, cobijados por la autonomía. Para que
terminen de escarmentar, y olvidando que se trataba de
patrimonio público, los gendarmes rompieron (además de
cabezas) valiosos laboratorios, bibliotecas y una
computadora, la primera que había en Latinoamérica
(bien invaluable para la época).
El resultado para la universidad argentina fue
terrible. Además de los 400 profesores y alumnos
detenidos, la educación superior sufrió un vaciamiento
desastroso. Todos los decanos renunciaron a sus
puestos, junto con aproximadamente 1400 profesores de
las diferentes áreas; más de 300 de los hombres de
ciencia más brillantes de la Argentina se iban del
país buscando un sitio donde desarrollar su
disciplina.
Qué golpeaban los bastones
La puja con la dictadura se había establecido desde el
principio, cuando, la tarde misma en que Onganía
asumía el poder (el 28 de junio), Hilario Fernández
Long,
rector de la Universidad de Buenos Aires, daba a
conocer una resolución donde rechazaba el golpe que
derrocaba al presidente Illia.
Las diferencias ideológicas entre el nuevo gobierno y
la Universidad eran demasiado notorias; por eso, el
dominio de dicha institución se planteó como un
problema urgente en el programa de la Revolución
Argentina (como se autodenominaba). El decreto 16.912
resolvía el problema que significaban las altas casas
de estudio disolviendo los Consejos Directivos,
anulando en ellas toda actividad política y obligando
a los decanos y al rector responder como interventores
delegados de las nuevas autoridades. Quien no
estuviera de acuerdo debía presentar su renuncia.
La resistencia y oposición debían eliminarse para
poder llevar a cabo el proyecto de Onganía, quien
abrigaba el sueño de convertirse en el Franco de
Sudamérica. Su gobierno respondía a un Estatuto que se
adjuntó a la Constitución Nacional (Onganía juró sobre
ambos) y que establecía un programa de clausura de las
urnas y los partidos políticos por un lapso no menor a
los 10 años. Para ello debía sofocarse todo atisbo de
autonomía y ejercicio de soberanía popular que
cuestionara el orden dado y no permitiera establecer
jerarquías claras. Con estos fines, la fuerza debía
usarse hasta que se impusiera el conservadurismo
pacato que ostentaba esta ultraderecha; se necesitaba
un pueblo dócil que reconociera en estas autoridades
la “reserva moral” de la Argentina y se sometiera sin
chistar a las órdenes de sus superiores.
En este sentido, las universidades representaban el
polo opuesto al programa de Onganía.
Desde 1955 (cuando las universidades dejan de estar en
manos de la Iglesia Católica) la Universidad de Buenos
Aires estaba viviendo un proceso de cambio y
modernización, que si bien cosechaba algunas críticas
(lo acusaban de cientificista y extranjerizante), se
dirigía a solidificar una educación superior de punta
con apertura internacional. Bajo el amparo de la
autonomía y el cogobierno, se desarrollaban con
rapidez los nuevos métodos de la ciencia, se recibía
acaloradamente toda ideología novedosa y se rechazaba
como fósil todo lo que se considerara dogmático o se
identificara con el conservadurismo. Además, la vida
académica parecía buscar su lugar dentro de las
estructuras de poder, volcándose cada vez más a las
labores sociales.
Como puede verse, los golpes no sólo fueron asestados
a los estudiantes y profesores, sino que intentaban
dominar un movimiento más amplio. La represión no
respondía sólo al incumplimiento de una orden de
gobierno, tampoco importaba la resistencia de los
decanos; los bastonazos se inscribían en el contexto
del disciplinamiento y control de todas las
instituciones, en un intento de reeducación del pueblo
al que creían enfermo de desenfreno democrático, que
prontamente devendría en “comunismo apátida”. Según
esta versión, si bien el peronismo había evitado que
las clases trabajadoras fueran captadas por el
comunismo, debía todavía trabajarse para afianzar los
valores nacionales tradicionales (occidentales y
cristianos), que se veían trastocados por las nuevas
corrientes de pensamiento progresista. Como
mencionábamos, estas corrientes, generalmente, pisaban
suelo argentino de la mano de las nuevas teorías
sociales, científicas y políticas, socializadas por
las instituciones de educación superior, a las que
accedían también los sectores medios bajos y bajos. Se
trataba de un momento histórico donde la idea de
M’hijo el dotor todavía era moneda corriente.
Para Onganía, entonces, el ataque a la universidad
resultaba importante porque la limpiaba de sus
opositores atacando, a su vez, simbólicamente, al
clima general de una época. Así se inauguraba un
proceso de sangría de la educación nacional y del
ambiente cultural de los ‘60.
El proyecto de sistemático vaciamiento y expulsión de
las masas de las instituciones de educación superior
siguió vigente durante la última dictadura militar,
prolongándose, incluso, en algún otro régimen
democrático. Los profesores e investigadores no
dejaron de ser golpeados, y prueba de ello es que, aún
hoy, la famosa “fuga de cerebros” sigue siendo un
fenómeno preocupante. De todas formas, son sectores
cada vez más reducidos de la población los que llegan
a la universidad pública y pueden profesionalizarse;
situación que con la crisis se ha trasladado también a
la educación secundaria.
Los golpes de los bastones fueron certeros, la
política de clausura del pensamiento autónomo, todo
un éxito.
Un
vertiginoso clima de transformación
La
década del 60 estaba signada por una sensación general
de que la revolución y el cambio eran inminentes. Se
trataba de un momento en que la modernización se
aceleraba para mover el suelo de quienes lo vivía. Era
la época del Instituto Di Tella, de las clases medias
leyendo vorazmente a Marx y a Freud, y de la bonanza
de las editoriales que alcanzaban a un público masivo.
Ante este fenómeno la sociedad se polarizaba cada vez
más.
Por un lado, gran parte de la sociedad celebraba la
llegada de los tiempos nuevos, profesaba el culto a la
juventud y rompía con todas las normas y valores
establecidos por las generaciones anteriores (a
quienes culpaban por los desastres de la guerra). Se
repudiaba el sistema capitalista y se consideraba que
la humanidad se dirigía hacia el mundo comunista,
revolución cubana de por medio.
Por otra parte, los sectores conservadores sentían sus
intereses afectados por la amenaza de transformación,
se aferraba con uñas y dientes a las tradiciones y
costumbres inveteradas, considerándolas necesarias
para mantener el orden que permita el normal
desarrollo de la Nación. Además, los nuevos
movimientos políticos, sociales y culturales eran
considerados extranjerizantes y antipatrióticos, por
trascender los valores nacionales (occidentales y
cristianos), relegados frente a los intereses de clase
o humanos.
La
polarización atravesaba también al peronismo
proscrito. A pesar del exilio, Perón seguía manejando
los hilos de la CGT, tejiendo alianzas o realizando
boicot; jugaba como mar de fondo de la vida política.
Sin embargo, la misma CGT estaba dividida en dos
facciones fuertemente diferenciadas, una con tintes
más progresistas y la otra más emparentada con cierto
conservadurismo (de hecho, tenía buen trato con el
gobierno de Onganía).
Este es el contexto donde de inscribe el golpe militar
del ‘66.
De
acuerdo con estos personajes de derecha, el gobierno
de Illia tenía ciertos elementos populistas que lo
tornaban peligroso por alentar el desarrollo de la
amenaza comunista; por eso era destituido. Una vez
asumido el gobierno, la campaña contra todo
“izquierdismo” fue contundente. La censura alcanzaba
desde las huelgas sofocadas violentamente, hasta
ciertas expresiones artísticas vanguardistas en cine,
teatro, edición de libros: se clausuró el Instituto Di
Tella, se cerraron bibliotecas y editoriales.
La
imposición de la ideología de derecha a través de la
fuerza sustentó la traducción de toda lucha política
al idioma de la violencia y agudizó la
irreductibilidad (inconmensurabilidad) de las
diferencias en los discursos ideológicos. Las
facciones militaristas conservadoras empujaron a la
oposición a la clandestinidad radicalizando las
posturas: crecieron las guerrillas y la resistencia se
expresaba a través de estallidos; sobre todo en el
cordón industrial Santa Fe-Córdoba. Ambas provincias
tenían fuertes organizaciones obreras combativas y un
flujo importante de militancia estudiantil. Esa fue la
gesta de los dos episodios que desestabilizaron la
dictadura y arrebataron a Onganía el sueño franquista:
el “Rosariazo” y el “Cordobazo”; donde los grandes
centros del interior toman la posta en la resistencia
al régimen. Después de ello, la “Revolución Argentina”
de Onganía se mostró con pies de barro y terminaba de
caer derrocado por el general Lanusse, el 7 de junio
de 1970, designando al general Roberto Levingston como
nuevo presidente.
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